El pasado jueves 12 de noviembre la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi se constituyó en la comuna de Petorca para ejecutar un proyecto que busca generar conciencia respecto a la vulneración del derecho humano a un ambiente sano.
El proyecto, realizado por la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y financiado por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, aborda la situación de tres localidades chilenas particularmente afectadas por la degradación ambiental por causas antrópicas. Con un acercamiento multidisciplinar, y esencialmente etnográfico, se busca conocer la realidad de las comunidades y sus habitantes, realizando historias de vida a las víctimas de vulneraciones del derecho humano al medio ambiente, con el fin de otorgar un “rostro” a las experiencias abordadas, sensibilizar a la población y abrir un diálogo público que nos permita generar una reflexión crítica de lo que está sucediendo, así como reconocer el desafío y responsabilidad que tenemos como sociedad para cambiar la situación.
La investigación en terreno comenzó en Petorca, buscando conocer la realidad que se vive cada día debido a la escasez hídrica que sufre el valle y que se ha acrecentado durante los últimos años. Luego, en los próximos dos meses, se realizará trabajo de campo en Puchuncaví, zona de sacrificio por la contaminación industrial, y en Neltume, abordando la concepción de la tierra como sujeto de derecho desde las comunidades indígenas.
Además, se están realizando una serie de reuniones en el marco del proyecto. La primera se llevó a cabo el viernes pasado con el alcalde de Petorca, Gustavo Valdenegro, la encargada de la Oficina de Asuntos Hídricos, Carolina Vilches y Carmen Seguel, encargada de la Oficina de Turismo. En esta instancia se presentó el trabajo y los esfuerzos que ha realizado el municipio. Asimismo, se abordó el trabajo que realiza la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, el proyecto de investigación, la itinerancia de la exposición y la posibilidad de vincular el trabajo y experiencia en gestión patrimonial de este sitio de conciencia, en la creación de un futuro museo en Petorca.
Los resultados de la investigación se presentarán en una exposición itinerante, además de la realización de talleres y actividades conexas, una de ellas, sobre la posibilidad de contar con una nueva «constitución ecológica” que permitan avanzar y garantizar aspectos que mejoren la institucionalidad ambiental, las políticas públicas y las instancias de seguimiento y fiscalización, y en donde, se pueda concebir el vivir en un medio ambiente sano como un derecho humano.
Recorriendo el territorio se hace evidente que hay agua disponible en Petorca, el problema está más bien en la distribución del recurso, en la falta de garantías para la población y en la falta de límites para el empresariado. Otro problema visible en los testimonios de los habitantes de la comuna es la lejanía que existe entre las leyes y la realidad de las personas. Entre las graves consecuencias que esto acarrea se encuentra la imposibilidad de localidades rurales de administrar el recurso de forma autónoma y según sus propias necesidades. Es fundamental que el derecho al agua sea reconocido, garantizado y una prioridad en el país.
Javiera Rosselot,
licenciada en antropología,
investigadora del proyecto
No podemos normalizar la injusticia social. No es justo que los habitantes de Petorca se reúnan cada vez que llueve intensamente, a las orillas de su río, para ver si vuelve a fluir el agua superficial y que algunos medios romanticen la situación. El mismo río en que sus padres y abuelos hace 30 años podían regar tranquilamente sus chacras, recrearse, o pescar. En el valle, hay personas que tienen graves restricciones de acceso al agua, incluso para tomar, que dependen de camiones aljibes que les proveen una limitada cantidad de litros dos veces por semana. Comunidades que han sido gravemente afectadas en su forma de vida; que han visto morir sus animales, secar sus plantaciones o que finalmente tuvieron que migrar. Por otro lado, existen empresas agrícolas con grandes extensiones de monocultivos que mantienen enormes acumuladores de agua para riego, bajo el amparo de sus derechos de agua, un “bien nacional de uso público”, pero privatizado.
Daniel Rebolledo,
antropólogo
coordinador del proyecto
