Una reunión del alcalde Gustavo Henríquez Toledo y el director de SECPLAC, Miguel Cáceres, con parte de la gerencia de ESVAL permitió despejar aspectos técnicos y administrativos que mantenían condicionados distintos proyectos sanitarios y definir una ruta concreta para avanzar desde su tramitación hacia el financiamiento y posterior ejecución. En ese escenario, Chincolco Centro supera el 95% de aprobación técnica, mientras Calle Arturo Prat abre una vía efectiva para destrabar una solución largamente postergada.
Un día antes de la reunión, el martes 4 de agosto, el consultor a cargo del proyecto de Chincolco Centro había ingresado y subsanado las observaciones pendientes, tras un trabajo coordinado con SECPLAC. Con esta fase prácticamente resuelta, el municipio se prepara para completar la aprobación del proyecto y avanzar a su postulación al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). De esta forma, una iniciativa largamente esperada queda a un paso de entrar a su etapa de financiamiento.
La importancia del encuentro con ESVAL, sin embargo, fue más allá de revisar un solo proyecto. La empresa sanitaria cumple un papel clave en la entrega de factibilidades, definición de condiciones de conexión y aprobación de las soluciones de ingeniería que posteriormente permiten a la Municipalidad presentar iniciativas a fuentes de inversión pública. Por ello, resolver directamente esas condiciones permite destrabar proyectos que, sin esos antecedentes, no pueden seguir avanzando.
Calle Arturo Prat: una salida para una traba histórica
Uno de los principales resultados de la reunión se produjo respecto de Calle Arturo Prat, en Chincolco, donde se obtuvo una respuesta favorable de ESVAL para trabajar mediante un Convenio 52 Bis.
El avance es significativo porque el sector ha enfrentado durante años dificultades para concretar la extensión de los servicios sanitarios. Las condiciones emitidas en 2025 contemplaban un cobro de UF 2.262 por provisión de capacidad, además de exigir la construcción de las extensiones de matrices y colectores necesarias para llegar hasta las viviendas.
La posibilidad de avanzar mediante un Convenio 52 Bis entrega ahora una ruta concreta: permitirá establecer las condiciones sanitarias, desarrollar el diseño de ingeniería y, posteriormente, incorporar la ejecución del proyecto a mecanismos de financiamiento estatal, evitando que el costo de las obras sea trasladado directamente a las familias.
La estrategia técnica definida por SECPLAC contempla precisamente avanzar por etapas: diseño e ingeniería, aprobación de ESVAL y financiamiento de la construcción mediante instrumentos como el FNDR o programas de SUBDERE.
Al respecto, el alcalde Gustavo Henríquez indicó “Estamos trabajando con una mirada integral, porque detrás de cada proyecto hay familias que llevan años esperando una solución. La reunión con ESVAL fue importante para despejar trabas concretas y establecer cómo seguimos avanzando. Estamos retomando proyectos de agua potable y alcantarillado que quedaron pendientes. Lo que buscamos es tener una ruta clara para cada sector y que el costo de estas soluciones no recaiga sobre nuestros vecinos”, señaló el edil.
Una cartera para más de 400 familias
Dentro de esta planificación se encuentran también La Gruta I, Chimba Norte y Población O’Higgins, en Chincolco, sectores donde se evaluará la aplicación de Convenios 52 Bis para establecer las condiciones que permitan desarrollar sus futuros proyectos. La documentación técnica municipal considera además otros puntos como Cementerio, Carrera, Sabino Moreno y Calle Riquelme.
A ello se suma la decisión de recuperar iniciativas que quedaron inconclusas o con obras abandonadas en administraciones anteriores debido a la insolvencia de los contratistas, entre ellas proyectos en Sabino Moreno, Mundo Nuevo en Calle Riquelme, el sector del Cementerio, Tablón Seco en el Llano de Petorca y el sector poniente de Sabino Moreno.
Así, la reunión con ESVAL permitió ordenar avances que se encuentran en distintas etapas bajo una misma lógica: resolver primero las trabas técnicas y administrativas, contar con proyectos viables y aprobados, y disponer de una ruta de financiamiento público que permita convertirlos finalmente en obras, sin trasladar esos costos a las familias.
